viernes, 27 de noviembre de 2020

La administraciónes de Chávez y Maduro, impulsan medidas que refuerzan la naturaleza centralizadora, concentradora y controladora del Estado.

 En su publicación MOVILIDAD DE LOS LÍMITES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DEL TERRITORIO VENEZOLANO: INDEFINICIONES E IMPRECISIONES, su autora Delfina Trinca Fighera el cual se puede descargar en el link http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/01-D-Trinca.pdf, luego de estudiar la división político-territorial  de Venezuela a lo largo de su historia al llegar al período posterior a 1998, con la llegada de Chávez al poder encuentra lo siguiente:

La administración del presidente Chávez, ya desde el 2002, promueve e impulsa toda suerte de medidas que apuntan a reforzar la naturaleza centralizadora, concentradora y controladora del Estado. Para ello, crecen en número y tamaño ministerios y vice-ministerios y cualquier cantidad de nuevas redes clientelares de servicios adosadas a estos despachos centralizados, al margen de las instituciones gubernamentales a escala estadal y municipal. Se inicia así un período en el que comienzan a solaparse ‘dos estructuras de gobierno’: una, que progresivamente responde al proyecto político que adelanta el Presidente, y otra, a lo aún establecido en normas y leyes aprobadas y que todavía apuntaban a reforzar el proceso descentralizador.

La ‘nueva geometría del poder’ no se trataba más que de imponer una nueva división político-territorial sin referentes en la historia del país, creada desde arriba, una estructura paralela que redujera las competencias, funciones y recursos a los gobernadores (de los estados) y alcaldes (de los municipios). 

Se sigue desconociendo la existencia de las competencias asignadas en la Constitución a los gobernadores y alcaldes en sus territorios, reconociéndose como válidos, por el contrario, a los Consejos Comunales, Misiones, Asambleas Populares y otros organizaciones, tuteladas o dependientes del poder Ejecutivo, las cuales reciben transferencias directas de recursos financieros para proyectos comunitarios, sin la obligación de rendir cuentas formales a la Contraloría General de la República y, como entes públicos, asumen la prestación de servicios, paralelamente a las competencias de las alcaldías.

 El discurso en el que se sustenta el ‘Socialismo de siglo XX’, sustentado en el supuesto de que es un proyecto político en construcción, catapulta ensayos con el territorio, desde un estamento central, sin contrapartida real en las instancias regionales y locales, construidas por la sociedad venezolana a través de su historia republicana, desconociendo de facto, de esta manera, la naturaleza federal descentralizada consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

En definitiva esta publicación NOS PERMITE CONCLUIR QUE LOS GOBIERNOS A PARTIR DE 1998, NO RESPETAN LAS NORMAS, LEYES Y LA CONSTITUCIÓN Y TIENEN COMO ÚNICO OBJETIVO IMPONER UN PROYECTO POLÍTICO NO DEMOCRÁTICO. Por lo tanto es deber de todo venezolano de BIEN OPONERSE Y RECHAZAR ESTE PROYECTO POLÍTICO


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