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LA HABANA — Un cable de fibra óptica llegará el martes a Cuba desde Venezuela para multiplicar por 3.000 su capacidad en Internet, pero el acceso de los cubanos a la Red seguirá limitado por ahora, mientras que el Gobierno y los opositores arrecian en su 'ciberguerra' ideológica.
Un barco francés arribará a la playa Siboney, en Santiago de Cuba, 870 km al sudeste de La Habana, tras tender desde el pasado 22 de enero 1.600 km de cable submarino desde Camurí, en el norte de Venezuela.
Considerada uno de los proyectos más ambiciosos entre ambos países, aliados incondicionales, el cable permitirá, cuando se active en julio, una conexión de 640 gigabits por segundo, acelerando en 3.000 veces la velocidad de transferencia de datos, para las comunicaciones telefónicas e internet en la isla.
No obstante, el viceministro cubano de Informática, José Luis Perdomo, dijo este lunes que el cable no es una "varita mágica" pues se necesita invertir en infraestructura para abrir en un futuro el acceso indiscriminado de los cubanos a internet.
"No hay ningún obstáculo político", afirmó, al señalar que no obstante aún continuará el uso "social" de la red, reservado a los centros académicos y a profesionales como médicos y periodistas.
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Reservas confiscadas
"Juristas" de la inflación confiscaron las reservas internacionales. De un jalón le sacaron al banco US$ 6.000 MM en septiembre de 2005 y hasta la fecha más de US$ 45.000 MM Esta absurda decisión tiene metida a Venezuela en un proceso inflacionario creciente
Por: José Guerra
Como la historia se escribe cada día y lo que hoy se dice y deje de decir tiene incidencia sobre el futuro de Venezuela, conviene relatar y analizar unas de las sentencias más nefastas que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia, en materia económica.
Todo comenzó cuando el Presidente de la República solicitó al BCV en 2003 que le entregara un "millardito" de las reservas internacionales para financiar a la agricultura nacional.
Con ese argumento el BCV creó un fondo que aportó millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar. Pero el gobierno pidió más y entonces se dio el salto al vacío: se reformó la Ley del BCV para entregarle al gobierno parte de las reservas internacionales en poder del ente emisor como respaldo de la moneda circulante.
Los dineros entregados a la agricultura literalmente se perdieron porque actualmente esa actividad se ha contraído con relación a la producción contabilizada en 2003. Hoy se producen menos bienes agrícolas que hace cinco años.
DESPOJO AL BCV
Para 2005, dos fueron los principales voceros a favor del despojo de las reservas del BCV con el objeto de financiar el déficit fiscal, usando el eufemismo del fortalecer proyectos de desarrollo.
Armando León, director del BCV y portavoz oficioso del gobierno, y Rodrigo Cabeza, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y posteriormente ministro de Finanzas.
La reforma de la Ley del BCV constituyó una aberración que permitió sacarle en un solo acto al instituto US$ 6.000 millones en septiembre de 2005 y hasta la fecha más de US$ 45.000 millones, usando para ello un concepto abstracto y gaseoso denominado "reservas excedentes" que nadie sabe cómo se calcula, ni siquiera quiénes hacen los traspasos al gobierno.
La reforma referida tenía un solo objetivo: financiar el gasto y el déficit fiscal empleando para ello la emisión de dinero. Así de simple y esa práctica representaba una violación descarada de la Constitución que prohíbe que el BCV convalide o financie déficits fiscales.
Obviamente ello despertó la preocupación de los analistas económicos y la gente a quienes los temas financieros les conciernen.
Se activó entonces una demanda de nulidad de la Ley del BCV ante la sala Constitucional del TSJ en marzo de 2006.
Entre tanto el BCV siguió su curso irresponsable de descapitalizarse al entregar al gobierno sus reservas internacionales, socavando con ello las bases de la estabilidad monetaria de Venezuela.
El resultado ha sido el predecible: un aumento sostenido de la inflación, tal como se evidencia en el gráfico anexo.
LA INFLACIÓN
El 21 de enero de 2011 se conoció la decisión de la sala Constitucional del TSJ con ponencia de su presidenta, Luisa Estela Morales. Quienes la leímos con sus alegatos argumentativos no salíamos de nuestro asombro frente a tanto ignorancia junta en materia económica y financiera para justificar lo injustificable.
Hubiese sido preferible decir que la decisión fue una orden del gobierno y al gobierno las ordenes no le discuten.
Pero si esos argumentos eran descabellados lo fueron más los de las abogadas contratadas por el BCV y la Procuraduría General de la República, Judith Palacios y Dayana Alfonzo, respectivamente, quienes en cerrada competencia siguieron en una especie de torneo para ver quién decía raciocinios más carentes de sentido.
El asunto relevante es que se ha oficializado en Venezuela un proceder en temas financieros que llevó a la ruina a naciones como Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia y Nicaragua durante las décadas de los setenta y ochenta: el uso de la impresión de dinero para financiar los déficit fiscales.
DECISIÓN ABSURDA
El empleo del dinero con el objeto de cubrir las necesidades de caja de un gobierno irresponsable está desterrado en las leyes de todos los bancos centrales del mundo y Venezuela no era la excepción toda vez que privó el buen juicio de los constituyentes de 1999 cuando en los artículos 318 y 320 de la Constitución vigente se estableció con nitidez, por una parte que el BCV debía concentrarse en la lucha contra la inflación y por la otra que no podía el ente emisor financiar los déficit fiscales.
Años de estudios y experiencia en materia de política monetaria fueron tirados por la borda por el TSJ, salvo el magistrado Pedro Rondón Haaz, quien tuvo el tino de salvar su voto en una decisión absurda que tiene metida a Venezuela en un proceso inflacionario creciente cuando ya la inflación no es el problema económico relevante para el mundo.
