El gobierno de Chávez encarcela a dirigente sindical que milita en su propio Partido PSUV
(YA NO ME SIRVE PORQUE DEFIENDE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES) CHAVISTAS CUANDO RECLAMEN SUS DERECHOS HUMANOS CHÁVEZ LOS ENCARCELARÁ Y LOS TILDARÁ DE IMPERIALISTAS Y GUARIMBEROS
Enviado por fzaa en 23 de Enero de 2010 – 11:20 PM Sin comentarios
Sin embargo uno de los casos más sobresalientes es el del dirigente sindical Rubén González secretario general del sindicato de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco una de las principales empresas metalmecánicas de Venezuela
Durante todo el año 2009 diversas organizaciones sociales entre ellas sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron la creciente criminalización de la protesta en Venezuela. Más de 2400 personas están sometidas a juicio penal por ejercer el derecho a la protesta. El derecho a exigir derechos cada vez se restringe más y el gobierno va incorporando nuevas medidas para restringir la posibilidad de que las personas puedan reclamar mejora de los servicios públicos, cumplimiento de contrataciones colectivas, culminación de obras inconclusas solo para nombrar algunas exigencias comunes de los sectores populares.
De los juicios penales en libertad pasó a enviar a luchadores sociales a la cárcel. La primera experiencia ocurrió con once trabajadores que laboraban en la industria petrolera todos ellos simpatizantes del gobierno que tomaron de manera pacífica la sede del Ministerio del Trabajo. Meses después, otro grupo de once trabajadores que laboran en la Alcaldía Metropolitana de Caracas controlada por la oposición, fueron enviados a la cárcel por participar en una manifestación.
Sin embargo uno de los casos más sobresalientes es el del dirigente sindical Rubén González secretario general del sindicato de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco una de las principales empresas metalmecánicas de Venezuela. Este dirigente sindical es además dirigente del Partido Unido de Venezuela, el partido que preside el presidente Hugo Chávez.
A Rubén González se le abrió un juicio penal por haber convocado una un paro reclamando el cumplimiento de la contratación colectiva. Los tribunales, a petición del Ministerio Público ordenaron su encarcelamiento, estableciendo la casa por cárcel prohibiéndole además declarar sobre su caso. Hace dos días ese mismo tribunal decidió enviarlo a una cárcel.
El jueves 21 de enero más de trescientos trabajadores de Ferrominera Orinoco y una buena representación de trabajadores de las empresas básicas de Venezuela y varios dirigentes, de reconocida trayectoria sindical, tomaron hasta altas horas de la noche las instalaciones de los tribunales en Puerto Ordaz, para manifestar que Rubén González no está solo y exigir su libertad.
Todo parece indicar que durante el año 2010 seguirá creciendo la criminalización de la protesta en Venezuela afectando a trabajadores, estudiantes, campesinos, habitantes de las zonas populares y todo aquel de manera decidida exija sus derechos.
Marino Alvarado
Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea.
"La detención de Rubén González es parte de una política deliberada del gobierno nacional para criminalizar la protesta"
Vie 25/09/2009 - 17:24http://laclase.info/movimiento-obrero/la-detencion-de-ruben-gonzalez-es-parte-de-una-politica-deliberada-del-gobierno-na
Puerto Ordaz, 25 de septiembre de 2009. Después de conocerse la detención de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, nos comunicamos telefónicamente con Edgar Caldera, dirigente sindical de Alcasa y miembro de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA), quien se encontraba en Puerto Ordaz en una asamblea de trabajadores de Ferrominera realizada esta mañana.
Caldera rechazó contundentemente esta medida, y agregó que “esto no es casual, ni es un error político de algún burócrata chavista, tampoco se trata de una política aislada, que más quisiéramos que fuera así. Por el contrario, se trata de una política deliberada del gobierno nacional, bien diseñada y preparada para cortar de raíz cualquier intento de la clase trabajadora por dirigir el proceso revolucionario”.
El dirigente sindical revolucionario, agregó que ya son más de 105 dirigentes sindicales con procesos judiciales. “105 padres de familia que están a punto de ser condenados a pagar más de 11 años de cárcel, sólo por reclamar sus derechos”. Y recordó que estos trabajadores están sufriendo lo que sus padres o abuelos padecieron durante la IV República. “Cuando nos metían presos por protestar y reclamar nuestros derechos. Parece mentira que la época de los adecos se esté reviviendo, con despidos, detenciones arbitrarias, cabilleros y la parcialidad patronal en contra de la clase obrera”, agregó Caldera.El dirigente sindical del sector aluminio se refirió también al papel que en este proceso de criminalización de las luchas estaría jugando la burocracia gubernamental. “Podríamos decir que la burocracia se reapodera de las instituciones, del poder estatal, pero estaríamos equivocados, en realidad nunca perdió el control del Estado, sólo hubo un intento por parte de los trabajadores y el pueblo de desplazarla y ejercer directamente el poder, especialmente cuando la clase obrera del país le dio un parao en los días del golpe y del paro petrolero”.Ante la afirmación anterior le consultamos a Caldera ¿cuál sería la situación hoy? “Después de cinco años, la burocracia aprendió de sus errores, cambió la franela, de blanca para roja, que fue lo único que se le exigió, y recompuso su fuerza, aceptando compartir el poder con los supuestos burócratas de izquierda. Hoy son socios, y juntos controlan el aparato del Estado en función de los intereses de la burguesía”.
Y agregó: “Hoy la burocracia del Estado burgués está más fuerte que nunca, y ahora con ropaje socialista. Dice que hace la revolución, que construye el socialismo… pero en realidad construye un Estado a su semejanza, construye un supuesto ´socialismo´ burocrático y de conciliación de clase, conservando el Estado burgués, y no puede ser de otra manera”.
¿Y por qué esta burocracia haría esto?, le consultamos a Caldera. “La burocracia gubernamental sabe que la única clase que tiene el poder para cuestionarla, que tiene la capacidad para liquidarla y hacer la verdadera revolución socialista es la clase obrera, la archienemiga de los burócratas y burgueses. Por eso no dudan en atacarla, emprendiendo una política nacional para aplastar cualquier rebeldía de la clase obrera, que le cuestione su empoderamiento. Esto explica por qué renace la política adeca, de los despidos, de las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta. La burocracia siempre actúa igual, porque siempre es la misma, porque defiende los intereses de los patronos, sea con franela blanca o roja”.
A Rubén González se le acusa de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, y de causarle pérdidas a la Nación como consecuencia de la huelga que encabezara recientemente. Ante esto Caldera dijo que “a Rubén se le acusa de haber realizado una huelga y de causar grandes pérdidas a Ferrominera, se le acusa de saboteo y de causar daño a la Nación. Nosotros nos preguntamos: ¿Cuál huelga no paraliza la producción? ¿Cuál huelga no trae pérdidas a una empresa? Huelga que no paralice la producción, que no produzca perdidas, no es huelga. De acuerdo a este criterio que se le quiere aplicar a Rubén, nunca se podría hacer huelga. Pero los trabajadores, ni Rubén González dañaron algún equipo. Simplemente dejaron de trabajar ejerciendo su legítimo, constitucional e histórico derecho a la huelga para enfrentar la intransigencia del patrón-Estado. Este es un derecho nuestro, de nosotros los obreros, que hoy se pretende prohibir”.
“No es casual entonces que el gobierno desde el primer momento se negó a reconocer que en Ferrominera había una huelga. Hasta uno de los miembros del sindicato, más chavista que Chávez, los acusó de ser güarimberos y desestabilizadores. No podían aceptar públicamente esto, por eso ahora acusan a Rubén y a los trabajadores de ser saboteadores, y acto seguido sustentan esto con la acusación grave del saboteo y el daño a la Nación, por las pérdidas que toda huelga ocasionar. En realidad esto no es más que criminalización de los huelguistas, criminalización de la protesta obrera. Los trabajadores pasan de ser huelguistas a criminales, y como son criminales deben de ir presos. Es esta la sustentación jurídica con la que pretenden eliminar el derecho a huelga”, concluyó Caldera.
El dirigente sindical hizo una comparación con el método del presidente Bush. “Para Bush todo aquel que ponía en riesgo el poderío de los EEUU era un terrorista, para la burocracia gubernamental y para la burguesía venezolana, todo aquel obrero que ponga en riesgo sus privilegios es un saboteador, es un criminal que debe estar tras las rejas”.
Caldera reafirmó su defensa de Rubén González, y se dirigió a todos los trabajadores. “Hoy es Rubén, mañana puede ser tú o cualquiera de nosotros, salgamos a defender el derecho a huelga, el derecho a protestar y reclamar, a luchar por un verdadero socialismo, el de los obreros, no esta caricatura del siglo XXI, no este supuesto socialismo con los patronos y los capitalistas”.
Y finalizó llamando a los trabajadores del país a solidarizarse con Rubén González y con los trabajadores de Ferrominera. Llamó además la atención en el hecho de que se estaría preparando la detención de otros 5 directivos del sindicato, y planteó la necesidad de convocar un paro regional por la libertad plena de Rubén Gonzalez, por el derecho a huelga y por el pago de todos los pasivos laborales que se les adeuda a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana.
El gobierno de Chávez encarcela a dirigente sindical que milita en su propio Partido PSUV
Durante todo el año 2009 diversas organizaciones sociales entre ellas sindicatos y organizaciones de derechos humanos denunciaron la creciente criminalización de la protesta en Venezuela. Más de 2400 personas están sometidas a juicio penal por ejercer el derecho a la protesta. El derecho a exigir derechos cada vez se restringe más y el gobierno va incorporando nuevas medidas para restringir la posibilidad de que las personas puedan reclamar mejora de los servicios públicos, cumplimiento de contrataciones colectivas, culminación de obras inconclusas solo para nombrar algunas exigencias comunes de los sectores populares.
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